BORRADOR DEL
DOCUMENTO DE ACUERDO DEL GRUPO DE TRABAJO INTERPARTIDARIO
SOBRE SEGURIDAD
27 de mayo de 2010
FRENTE AMPLIO, PARTIDO NACIONAL, PARTIDO COLORADO Y PARTIDO INDEPENDIENTE
1. DEFINICIONES
La Seguridad pública es un derecho humano que comprende a todos los instrumentos con que cuenta el Estado para evitar que se vulneren los derechos de las personas.
Es una necesidad social, indispensable para la convivencia humana.
Es un derecho de la gente, un cometido esencial v como tal responsabilidad indelegable del Estado.
En nuestra visión, no se trata de un fin en sí mismo, sino de una condición para el desarrollo humano sostenible.
2. SEGURIDAD PUBLICA COMO POLITICA DE ESTADO.
3. OBJETIVOS ACORDADOS EN SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PROXIMO PERIODO DE
GOBIERNO.
Respetando estas definiciones, proponemos como objetivos para el próximo período de
gobierno: 3.1. En materia presupuestal:
Aumentar los recursos presupuestales al Ministerio del Interior en términos corrientes, en una
cifra que pueda llegar hasta el doble de lo actual.
En la distribución de esos recursos, tendrán especial prioridad:
El aumento de las remuneraciones del personal.
La construcción de establecimientos carcelarios.
La optimización de los recursos humanos, mediante la puesta en práctica de programas de capacitación de largo aliento.
El mejoramiento de la calidad de vida del personal policial, atendiendo especialmente a temas como la vivienda, salud, recreación, etc.
Mejoramiento de la infraestructura edilicia, tecnológica y del equipamiento.
3.2
3.2.1 Darle carácter nacional al Regimiento de Guardia Republicana fortaleciendo su capacidad operativa, lo que incluso podrá llegar a significar aumento de su personal en cuanto las circunstancias así lo requieran. En la instancia jurídica correspondiente, esta fuerza recibirá el nombre definitivo de “GUARDIA REPUBLICANA”.
3.2.2 Formar grupos de intervención rápida (actualmente denominados “Grupos GEO”) en aquellas jefaturas de policía que realmente los necesiten, conforme a su situación de criminalidad y orden público.
La selección, capacitación y supervisión técnica permanente, serán cometidos exclusivos del Regimiento Guardia Republicana, mientras que la dependencia orgánica administrativa permanecerá en las respectivas Jefaturas Departamentales.
Policía Comunitaria.
La Escuela Nacional de Policía diseñará los programas de los cursos de capacitación para esta modalidad de acción y su ejecución quedará a cargo de las escuelas departamentales.
Rediseñar el despliegue territorial de la Policía Nacional,
La distribución de los recursos humanos y materiales de la institución policial deben estar en función de las necesidades de prevención, disuasión y represión del delito.
Continuar el proceso de reforma del modelo de gestión de las Seccionales Policiales,
para brindar una atención de calidad y seguridad a las personas, especialmente frente a las demandas y denuncias.
Desde este punto de vista, estimular la construcción, mantenimiento y reciclaje de los locales de las Seccionales Policiales, dándole una estructura acorde al cumplimiento de sus funciones.
Profundizar la profesionalización del servicio policial
Establecer un nuevo sistema de trabajo policial:
más y mejores policías asignados a la prevención, disuasión y represión del delito, para utilizar adecuadamente los recursos humanos de la Policía Nacional.a través de la planificación, evaluación e investigación, que se verá reflejado en el sistema de selección, formación, capacitación y ascenso de sus integrantes.creando más Comisarías, Seccionales y Destacamentos Policiales de acuerdo a los cambios operados en el territorio, cantidad y tipo de delitos que se cometen en cada punto del país.Concebir a la Policía comunitaria como una modalidad de prestación del servicio implantándola en todo el país en todas las Comisarías Seccionales.En nuestra concepción, la seguridad pública debe ser encarada como política de Estado, lo que significa:
La participación de todo el sistema político o -al menos- su gran mayoría,
La participación de todo el Estado.
La adopción de medidas que superen en sus efectos el mandato de la administración que las tomó, o comienzan a producir efectos visibles tiempo después de tomadas.
Si es posible, el involucramiento de la sociedad civil.
En el sentido de lo que estamos exponiendo, concluimos que nuestra nación, en esta materia debe afrontar y realizar reformas estructurales. Esta reforma obedece a un interés general que debe conservarse en forma permanente, ya que reviste una importancia crucial que afecta al futuro como país. Es entre todos que debemos responder al desafío de trabajar seriamente para mejorar la seguridad pública, v es este nuestro primer compromiso en la materia.
En síntesis, debemos enfrentar los problemas de inseguridad con una concepción integral, con una eficaz política en prevención, represión v sanción, y seguir invirtiendo en políticas sociales para enfrentar factores determinantes de la marginalidad y la delincuencia.
3.8 Continuar con el proceso de formación permanente de los funcionarios policiales:
3.12. Seguridad privada.
Ley Orgánica Policial.
En cuanto a los derechos gremiales, se regirán por las normas específicas de la OIT, con las restricciones inherentes al estado policial y la consiguiente esencialidad del servicio.
El proyecto de LOP se hará en consulta los mandos superiores de la Policía Nacional y las organizaciones sociales comprendidas.
Código Penal.
C) Código del Proceso Penal.
1o. Cada operador del sistema (juez, fiscal y abogado defensor) debe tener claramente establecido su rol.
2o. Sistema acusatorio. 3o. Oralidad. 4o. Publicidad.
5o. Inmediatez
Se tomará como base el proyecto a enviar al Parlamento por la Comisión Especial Redactora creada por el artículo 21 Ley 17.897.
SE capacitará especialmente al personal policial en materia de investigación criminal, a la luz de las nuevas disposiciones legales.
3.16. Establecimientos Carcelarios. Reestructurar el sistema de privación de libertad tanto para adultos como para adolescentes. Es necesario, diseñar e implementar un sistema de privación de libertad que no funcione como universidad del crimen ni perfeccionamiento de las redes de marginalidad.
Se propone que las Cárceles salgan de la competencia de la Policía Nacional.
Creación de un Instituto Nacional de Rehabilitación
Se propone iniciar la transición hacia ese Servicio Penitenciario Uruguayo, de la siguiente forma:
Transfiriendo las vacantes que se produzcan en el Escalafón “L“(Policial), de la Unidad Ejecutora “DIRECCIÓN NACIONAL DE CÁRCELES”, y las que se generen en el futuro por creación presupuestal, hacia el Escalafón “S“(Penitenciario), creado por el artículo 48 de la ley 15.851 del 14/12/1986
Definir derechos y obligaciones del estatuto penitenciario, de modo que no se generen pérdidas de derechos adquiridos por los policías que sean transferidos al novel escalafón.
Fortalecimiento del Instituto Nacional de Criminología (INACRI)
Descentralización territorial de los Centros de Privación de Libertad.
Construcción de nuevos establecimientos carcelarios distribuidos territorialmente en el país según la densidad poblacional y las facilidades de comunicación y transporte.
Creación de una Cárcel de Alta Seguridad
3.16.5 Fortalecimiento del sistema de seguridad penitenciaria, reconociéndose la actual necesidad básica de protección, tanto para los reclusos como para el personal de policía penitenciaria, visitantes y operadores del sistema judicial penal, durante su permanencia en los Establecimientos. Para ello:
Se definirán medidas preventivas de seguridad, destinadas a impedir el ingreso a los Centros Penitenciarios, de elementos ilegales o no autorizados, tales como drogas, armas, dinero o valores, efectos propicios para fugas o motines, etc. Estas medidas alcanzarán no sólo a todo visitante, sino también al personal penitenciario.
Se fomentará la mejora en el relacionamiento del personal penitenciario con los internos, procurando la práctica del mutuo respeto, la oportuna canalización de inquietudes o
planteos de éstos y su cooperación con las Autoridades, como base para prevenir conflictos internos y asegurar la convivencia pacífica.
Se procurará que cada interno esté sujeto a las condiciones de seguridad que requiere, compartiendo espacios con otros semejantes, en función de sus antecedentes y conducta carcelaria.
Se apuntará a lograr el adecuado equilibrio entre la seguridad, disciplina y los programas de reintegración social, en el marco del régimen de progresividad y en la medida que se habiliten nuevos Centros Penitenciarios.
El uso de la fuerza se reservará sólo para circunstancias extremas, cuando haya gran alteración del orden interno y hayan fracasado las medidas preventivas y disuasivas aplicadas por las Autoridades Penitenciarias.- Será el último recurso a emplear, para evitar males mayores, atento al inminente riesgo de vida o de grave destrucción de las instalaciones de reclusión.
Perfeccionamiento del sistema de responsabilidad penal juvenil dotando al Estado de los instrumentos y recursos adecuados para ejecutar lo dispuesto por la Justicia competente, ya sea con medidas que impliquen privación de libertad u otras.
Creación de un Instituto de Responsabilización de los Adolescentes en conflicto con la ley penal como organismo especializado en la ejecución de las medidas dispuestas por la justicia, con el más alto grado de autonomía técnica.
El Instituto constará con personal capacitado e infraestructura edilicia acorde, con el fin de garantizar tanto el efectivo cumplimiento de la medida judicial privativa de libertad, como de asegurar un clima de respeto a los derechos humanos compatible con las necesidades efectivas de reinserción social de los adolescentes. Asimismo, se hará un efectivo seguimiento de las medidas socioeducativas sin privación de libertad determinadas por la justicia que suponen la permanencia del adolescente en su marco de convivencia familiar y comunitaria, incorporándolo a una rutina educativa obligatoria, de carácter personalizado y que gire en torno a al responsabilización del adolescente por la infracción a la ley penal.
Se estudiarán modificaciones legislativas que aseguren la aplicación de medidas socioeducativas a todas las infracciones cometidas por los adolescentes a la ley penal, sean estas consumadas o tentadas.
3.18. Participación ciudadana.
3o) Campaña permanente contra los usos y costumbres que facilitan el circuito del delito (receptación, venta de alcohol a niños, niñas, adolescentes, tráfico de drogas ilegales, lavado de dinero, etc.)
4o) Apoyar y multiplicar los centros de información y amparo en los barrios coordinando con las distintas entidades públicas en los temas vinculados al consumo de drogas.
3.19. Enfrentamiento a algunos tipos de violencia.
3.19.1 Profundizar las respuestas institucionales contra la violencia doméstica de género,
maltrato y abuso infantil.
Jerarquizar en cada Jefatura de Policía las unidades especializadas contra la violencia doméstica, de género, maltrato y abuso infantil incorporando medios técnicos apropiados y personal con formación específica y aptitudes para trabajar en el tema.
3.19.2 Implementación de una política nacional contra las violencias sociales poniendo en
juego diferentes recursos estatales para erradicar el prestigio social de la violencia y el delito.
Deberá ser un programa permanente de intervenciones, que incluya la utilización de recursos adecuados a los públicos a los que se dirige, especialmente niños, niñas y jóvenes (trabajo en aulas, utilización del Plan Ceibal entre otros).
3.19.3 Se prestará especial atención a las formas instaladas de violencia en espacios públicos
y particularmente en los espectáculos deportivos.
Se buscará desarrollar alianzas con los medios de comunicación para incrementar el prestigio de las formas democráticas y no violentas de resolución de conflictos y deslegitimar la espectacularización de la violencia y el delito.
2°) Contribución a la recuperación de los espacios de uso público por los ciudadanos.
Se seguirá avanzando en la gestión local de los problemas de la seguridad ciudadana con participación de la comunidad. En este sentid proponemos:
1o) Profundizar y desarrollar -a nivel nacional- LAS MESAS LOCALES PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA, como instrumentos idóneos para el diseño de planes de seguridad participativos y comprensivos de los problemas locales. Tratar los temas de seguridad pública, es hacer uso de la libertad, ya que ha quedado comprobado que la prevención y represión de los delitos, es un problema que debe abordarse por muchos frentes y necesita la colaboración de la sociedad con la autoridad policial.
Se perfeccionará el sistema sanitario carcelario, apoyándolo con la cantidad de técnicos necesarios, mejorando las instalaciones y el equipamiento de sus enfermerías. Asimismo, se profundizarán los convenios con Salud Pública y, de ser necesario, se construirán más salas de internación carcelaria anexas a hospitales públicos.
Se fomentará el respeto entre familiares que concurren a las cárceles y personal penitenciario. Una vez dadas las condiciones edilicias adecuadas, se hará una revisión del régimen de visitas de acuerdo a la clasificación o etapa en que se encuentre el recluso, tanto en lo concerniente a su asiduidad y horarios como a las medidas de seguridad física a emplear.
Apoyo y multiplicación de los módulos y equipos de tratamiento de drogas en cárceles
Se asegurará que toda persona privada de su libertad en cumplimiento de una disposición judicial, pueda realizar tareas productivas y remuneradas (procurando el reconocimiento de sus tareas a los efectos previsionales en lo aplicable) así como formarse, estudiar y culminar sus estudios, lo que facilitará claramente la reinserción del detenido.
Se ampliará la posibilidad de aplicar medidas o penas alternativas a la prisión tales como multas, trabajos en beneficio de la comunidad, localización permanente, arrestos de fin de semana, etc.
Estas medidas solo podrán ser concedidas a quienes no sean delincuentes habituales, reincidentes o autores de delitos graves.
SE profesionalizarán los Patronatos que podrán vincularse directamente al MIDES y al MTSS y funcionaran en la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación.
3.17 Adolescentes en conflicto con la ley penal.
Más allá de los criterios que cada partido sostiene respecto a la imputabilidad, responsabilización y lugar de cumplimiento de la privación o limitación de la libertad ambulatoria dispuesta judicialmente y las normas sobre tratamiento, rehabilitación e inserción social de los menores de edad en conflicto con la ley penal, y de la determinación del organismo público comprendido, se propone:
3.17.1 Se propone llevar adelantes políticas que coloquen a la niñez y adolescencia como interés superior de la nación, entendiendo que no son solamente el futuro de nuestra sociedad, sino también la base del desarrollo actual.
Se propone incrementar escuelas de tiempo completo en la situaciones de contexto critico, asegurando que los niños allí residentes puedan desarrollar actividades en un desarrollo superior donde aprender y participar de actividades educativas, culturales y deportivas en un horario más extenso viviendo estas experiencias junto a otros niños y niñas de su edad.
Asimismo, se propenderá a la existencia de institutos secundarios con régimen similar.
Se multiplicaran los esfuerzos que ser realizan para rescatar niños y adolescentes en situación de calle brindándoles protección social. Se incrementarán los programas de organización familiar y de escuelas para padres.
como parte de la rehabilitación social y sanitaria.para personas vinculadas a organizaciones delictivas de gran poder, o que requieran la aplicación de medidas de seguridad especiales.para dotarlo de mayor eficacia y celeridad.como servicio descentralizado. Será responsable de la gestión de las medidas de privación de libertad en todo el país, y estará integrado por personal especializado sometido al Estatuto específico requerido para el cumplimiento de la función.Reformar el CPP en base a los siguientes principios:Modernizar y actualizar el Código Penal, considerando las nuevas formas delictivas tales como las conductas definidas al denominado crimen organizado (trata de blancas, narcotráfico, y otras), sobre la base de la propuesta que será enviada al Parlamento por la Comisión Especial Redactora creada por el artículo 22 Ley 17.897.3.15. Medidas que requieren ley.
El Instituto tendrá dos ramas una especializada en Adultos y otra en Adolescentes.
Reformar la Ley Orgánica Policial definiendo al Instituto Policial como un cuerpo armado de naturaleza civil y profesional, sometido al Estado Policial, de carácter permanente, jerarquizado, disciplinado y no deliberante dependiente deí Poder Ejecutivo que, conforme a nuestra Constitución, es el encargado de la “conservación del orden y tranquilidad en lo interior” como función esencial del Estado.Actualizar y compendiar la extensa normativa que regula los servicios de seguridad privada, adecuándola a los modernos conceptos que tienden a su profesionalización y a la evolución tecnológica que ha experimentado el sector.
Reafirmar el rol orientador del Estado a través del Ministerio del Interior, fortaleciendo el accionar del Registro Nacional de Empresas de Seguridad Privada.
Mantener y profundizar las acciones contra el Narcotráfico y Delitos Conexos
En este tema se actuará con un cumplimiento estricto de la normativa y las convenciones internacionales, continuando asimismo con los procedimientos de cooperación internacional.
Continuar con el desarrollo de la DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS,
a los efectos de mejorar la calidad y transparencia del Servicio Policial.(Lavado de Activos, Tráfico de Armas, Precursores químicos, etc.) fortaleciendo el Plan Nacional Integrado que coordina todos los organismos represivos y agencias estatales en la materia. Invertir más en tecnología, más medios y más recursos humanos con remuneración acorde a dedicación exclusiva y con evaluación de resultados.profundizar al capacitación profesional, ampliar los acuerdos y convenios existentes con los sistemas de enseñanza media, terciaria, Oficina Nacional del Servicio Civil y la cooperación internacional.
3.9 Incorporar permanentemente tecnología para la investigación criminal,
Asimismo, se coordinará con otras instituciones, sean públicas o privadas para la utilización de tecnología de avanzada que estas dispongan y sea aplicable a la materia policial.
Todo lo que se desarrollará en el marco legal adecuado salvaguardando valores que, como la intimidad, son inherentes al sistema democrático.
3.10 Poner énfasis en el desarrollo de actividades de inteligencia,
Contribuir a que la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, sea un instrumento adecuado para el combate al delito común y al delito organizado.
3.11. Servicio “222″.
Disminuir el servicio “222″ hasta llegar a su eliminación, asegurando los niveles de remuneración de los funcionarios policiales y la atención de la demanda de vigilancia que cubre este servicio, manteniendo algunos como un servicio ordinario para tareas de seguridad definidas que, por sus particulares características, así lo requieran.
Esta supresión, se operará en forma progresiva reduciendo horarios y compensando proporcionalmente ingresos.
calificando con recursos
humanos y materiales esta labor.especialmente en
unidades y direcciones especializadas (Policía Técnica, represión del tráfico de drogas, investigación
policial y criminal, combate al abigeato, entre otros).
No hay comentarios:
Publicar un comentario